La influencia del pensamiento económico keynesiano y neoclásico en las
políticas implementadas en México desde las décadas de los 60`s y 90`s
La administración pública
mexicana ha experimentado cambios a lo largo de las últimas décadas. El modelo económico
adoptado por los gobernantes del país fue al principio el principal
determinante de la estructura, el tamaño y el presupuesto de la burocracia y el
sector paraestatal del país. A partir de los años noventa, los cambios en la
administración pública paulatinamente empezaron a responder a una
transformación política democratizadora. En particular, desde el gobierno del
presidente Zedillo se observa una clara intención por hacer más transparente la
administración, más cercana a las necesidades de la población y con mayor
capacidad de rendir cuentas. Los cambios más sobresalientes de la administración
pública a partir de la consolidación del Estado posrevolucionario, con especial
énfasis en el periodo que abarca desde la década de los ochenta hasta nuestros
días, se identificaron tres periodos
1] La administración pública
como vehículo de desarrollo económico, 2] la adopción del modelo de mercado y
disminución del papel promotor y director del Estado, 3] finalmente, el periodo
de acercamiento entre el Estado y los ciudadanos mediante la promoción de la
transparencia, el énfasis en aspectos de moralidad pública y la rendición de
cuentas en la administración pública.
La Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal estipula en su artículo 1° que “la Presidencia
de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración
Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de
participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las
organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales
de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública
paraestatal”.
La consolidación
institucional
En 1925 se fundó el Banco
de México, cuya función principal era controlar la emisión de la masa monetaria
y procurar la estabilidad económica del país. Éste sería quizá uno de los primeros
pasos en la expansión del proyecto desarrollador que emprendió en el siglo xx
el Estado mexicano. Posteriormente, entre 1930 y 1950 se consolidaron las
instituciones públicas que influirían en el desarrollo económico y social de un
proyecto de Estado de bienestar. Así, en los años treinta se crearon
instituciones que permitirían la intervención del Estado en múltiples ámbitos
de la vida política, económica y social. En materia de energía, se consolidó
Petróleos Mexicanos, así como la Comisión Federal de Electricidad ambas
empresas tendrían un control prácticamente monopólico de la energía del país.
Por otro lado, se establecieron instituciones que manejarían el sistema
financiero y crediticio, como Nacional Financiera, un banco de desarrollo para
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras), el cual otorga financiamiento y asistencia
técnica para proyectos de infraestructura o servicios. Para atender el mundo
agrícola se fundó el Departamento Agrario. También incursionó el Estado en el
ámbito del transporte, con la fundación de Aeronaves de México y Ferrocarriles
Nacionales de México. En el espacio educativo y cultural destacan la creación
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la universidad Nacional
Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.
La Administración Publica Como Vehículo del desarrollo económico
En las décadas de los
sesenta y setenta, el modelo económico mexicano se respaldaba en la
intervención directa del Estado como planificador de la economía y promotor del
desarrollo económico y del bienestar social. La administración pública mexicana
se concibe como conductora del desarrollo económico.
Evolución del gasto del
sector público
Desde 1929 y hasta los años
ochenta, el crecimiento del pib en México ha sido de más de 14 veces en
términos reales. A la par se observó un crecimiento acelerado del gasto del
gobierno central como porcentaje del pib. Si sumamos también el gasto del
sector paraestatal, observamos que durante el gobierno del presidente López
Mateos el gasto total de los dos sectores ascendió a 24% del pib. En el sexenio
de Echeverría, esta cifra alcanzó 31% y, finalmente, en la época de López
Portillo fue equivalente a poco más de 50% del pib; es decir, la mitad de la
riqueza nacional era destinada a la administración pública.
En 1965 se creó una
comisión de administración pública dependiente de la Secretaría de la
Presidencia, cuyo objetivo era “determinar la más adecuada estructura de la
administración pública y las modificaciones que deberían hacerse en su actual
organización para: a] coordinar la acción y acelerar el proceso de desarrollo
económico y social con justicia social; b] introducir técnicas de organización
administrativa que resultaran convenientes para alcanzar el objetivo anterior;
y c] lograr la mejor preparación del personal gubernamental”. Durante el
gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970), también conocido como el “periodo del
desarrollo estabilizador”, se creó una comisión de administración pública para
llevar a cabo una reforma administrativa, en particular en el sector
paraestatal, el cual había crecido de una manera desmesurada.
Durante el gobierno de José
López Portillo (1976-1982), la reforma administrativa radicaba en promover que la
administración pública se convirtiera en un eficaz instrumento para el desarrollo
económico y social con justicia del país.
La Adopción de un Modelo de
Mercado, LA disminución del Papel del estado Y el Adelgazamiento de LA
Administración Púbica
La economía de mercado y la
reforma gerencial
Siguiendo principios
propios de la teoría clásica, se plantea que el Estado debe dejar actuar
libremente a los mecanismos de mercado y mantener únicamente funciones básicas,
como la de regulación, de tal modo que las transacciones de mercado puedan
llevarse a cabo plenamente. El Estado ya no funge como actor directamente
involucrado en las labores de planificador e impulsor del desarrollo económico.
La convicción de que el Estado tenía que mantener un presupuesto equilibrado y
ser responsable fiscalmente condujo al desmantelamiento del Estado de
bienestar.
Ante la imperante necesidad
de resolver una profunda crisis económica y la certeza por parte de un grupo de
políticos de que las tendencias
internacionales en materia
de política económica representaban una opción viable, México adoptó una
primera generación de reformas durante la década de los ochenta. Cabe destacar:
1] las políticas de ajuste; 2] el fortalecimiento de la disciplina fiscal; 3]
la apertura externa de los mercados; 4] la privatización de un gran número de
industrias previamente en manos del gobierno, y 5] la desregulación. Para ello,
la administración pública federal en México fue sometida a la reforma de
gerencia pública.
Los cambios en el
presupuesto asignado al sector público claramente reflejan la nueva percepción
que se tenía del papel del Estado. Así, mientras que en 1982, si bien ya se
había iniciado una serie de medidas que disminuían el papel del Estado y
consolidaban la fortaleza de los mercados, el gasto en el sector público
representaba más de 40% del producto neto bruto.
La Presidencia de De la
Madrid (1982-1988), en la que se promovió el desarrollo sustentable y la
simplificación administrativa, es un buen caso de análisis para entender la
boga de liberalización económica del país. Poco antes de la toma de posesión de
De la Madrid, la economía mexicana sufrió una crisis financiera severa. El país
ya no contaba con los recursos suficientes para pagar su deuda externa, la cual
ascendía a más de 80 000 millones de dólares. La comunidad internacional,
alarmada por la moratoria declarada por México, temía que otros países deudores
siguieran el ejemplo de éste y dejaran de pagar, lo cual pondría en riesgo el
sistema bancario y financiero internacional. Ante tal escenario, el gobierno
estadounidense, junto con el Fondo Monetario Internacional, creó un paquete de
rescate de la economía mexicana, la cual en los últimos años se había vuelto
desmesuradamente dependiente de los ingresos provenientes del petróleo. Sin
embargo, dicho rescate tendría un precio y el gobierno de De la Madrid se vio
forzado a adoptar medidas de austeridad económica, como el control
inflacionario, la disminución de las barreras arancelarias y la reducción de
los subsidios del Estado a diferentes sectores industriales y sociales, entre
otros. Dichas medidas de austeridad indujeron una recesión económica severa durante
el periodo de ajuste. Debido a las crecientes dificultades económicas que
estaba experimentado el país, en diciembre de 1987 Miguel de la Madrid convoca
a las diferentes partes, incluyendo los obreros, los campesinos y los
empresarios, a firmar el Pacto de Solidaridad Económica, por medio del cual
diferentes sectores se comprometían a seguir políticas de austeridad que
implicarían sacrificios y esfuerzos por parte de todos. La tendencia hacia una economía de mercado
se acentúo durante la época en que gobernó Carlos Salinas de Gortari. Algunas
de estas transformaciones significativas ocurrieron en el ámbito de las
finanzas, tal como sucedió con la desaparición de la Secretaría de Programación
y Presupuesto, cuyas funciones se integraron en el marco del quehacer de la
Secretaría de Hacienda, y la autonomía del Banco de México, la cual sirvió para
enviar un mensaje muy claro del compromiso del gobierno mexicano con la
economía de mercado. Esta última decisión legal también implicaba el
establecimiento de un candado contra el gasto inflacionario de los gobiernos.
Hacia un acercamiento entre
ciudadanos y estado: Transparencia, Moralidad y Rendición de cuentas
El objetivo primordial de
las reformas administrativas llevadas a cabo era recobrar la confianza
ciudadana en las instituciones administrativas, acortar la marcada distancia
entre Estado y sociedad, así como aminorar el escepticismo de los ciudadanos
respecto a los órganos de gobierno y estimular de manera más clara los límites
de la actividad del Estado. El gobierno de Zedillo le atribuyó particular
importancia a la modernización de la administración pública, con miras a
fomentar la dignidad y profesionalización de la función pública y a combatir la
corrupción y la impunidad prevalecientes en el sector público mexicano. En el
contexto de la tarea modernizadora se identifican varios ejes fundamentales. En
primera instancia se promovió la descentralización administrativa, así como la profesionalización
de los servidores públicos mediante el establecimiento de un servicio
profesional de carrera que permitiría aprovechar el capital humano de los
servidores públicos adquirido a lo largo de sus años de experiencia. Para
alcanzar este objetivo se promovió la actualización tecnológica de los
servidores públicos, el establecimiento de un código de ética del servidor
público y el compromiso expreso por parte de dichos funcionarios de mejorar el
servicio proporcionado a la sociedad. La Presidencia de Vicente Fox, retomó la
idea de una administración pública bien definida, organizada y afín a los
intereses y necesidades de la población y de las organizaciones sociales, tal
como se plantea en el Plan
Nacional de Desarrollo
2001-2006. La Agenda de Buen Gobierno (agb) fue sin lugar a dudas cardinal en
el gobierno del presidente Fox. Dicha agenda se llevó a cabo por la Oficina de
la Presidencia para la Innovación Gubernamental (oig) —la cual dependía directamente
del Ejecutivo. Los planteamientos de la agb pueden resumirse en seis áreas
fundamentales: tres que atañen los procesos y tres enfocadas a la mejora de
resultados. Primero, se estableció la necesidad de que el gobierno gaste menos,
de tal modo que las dependencias logren alcanzar mejores resultados con un
presupuesto menor. Segundo, se buscó la mejora en la calidad del gobierno para
poder cumplir e incluso superar las expectativas de los ciudadanos. Tercero, se
pretendió profesionalizar el gobierno atrayendo y reteniendo a los mejores
funcionarios por medio del establecimiento del servicio profesional de carrera
en las entidades públicas.
La conclusión a la que se
llego fue que a lo largo del tiempo en el país se han enfrentado grandes
cambios en el sistema económico todos tienen sus causas y consecuencias y en
cada periodo es diferente la organización y la importancia del estado, el
modelo de Estado intervencionista aparece a raíz de la crisis mundial del 29 y
se consolida en la posguerra, en un periodo en el cual los ciudadanos buscan
cierta seguridad mínima y el gobierno tiene que proveer empleo, salud y
educación, entre otros. Este modelo se convierte en lo que conocemos como el
“Estado de bienestar” y mantuvo su popularidad hasta la década de los ochenta,
cuando los cambios en los gobiernos de varios países produjeron un cambio de
opinión favorable hacia las fuerzas de mercado y un menos al Estado. Desde la teoría neoclásica se puede
ver la poca participación del estado en cada época cambia algunos economistas
piensan que el estado debe intervenir y otros no pero para que un país o
sistema funcione bien y organizado alguien debe ser la cabeza por ello el
estado es parte primordial de todo y mientras no se maneja bien la economía no
tendrá un buen funcionamiento. La economía es un gran sistema que debe ir
estructura de manera adecuada para su funcionamiento y si una de sus partes no
esta bien toda la economía fracasa y por ello el surgimiento de crisis.
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